Nueva reforma laboral presentada por la UCR al Gobierno Nacional

Diputados y senadores de la UCR entregaron al Gobierno nacional una contrapropuesta de la reforma laboral que será incorporada a la nueva “ley bases”, la misma comenzará a tratarse la semana próxima en comisiones de la Cámara baja.

Esta reunión fue encabezada por los jefes de los bloques de diputados, Rodrigo De Loredo, y de senadores, Eduardo Vischi, junto a los diputados Soledad Carrizo, Pamela Verasay, Pablo Cervi y Fabio Quetglas, y el senador Pablo Blanco, acompañaron el segundo de Posse, José Rolandi, y el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace.

Las expresiones de De Loredo luego de la reunión fueron contundentes: “La reforma laboral es la que más necesita el país, por eso insistimos desde el minuto uno en que esta es la oportunidad para incorporarla a la ley bases, tiene sus semejanzas a la prevista en el DNU pero también sus diferencias”.

El proyecto de la UCR consta de 51 artículos que no fue discutido con los otros bloques dialoguistas, que tienen sus propias propuestas. Hay una del PRO liderada por Cristian Ritondo en “espejo” al DNU, y otra de los diputados de Hacemos Coalición Federal Ricardo López Murphy y Oscar Agost Carreño.

El proyecto del radicalismo, apunta a la recaudación de los sindicatos, donde prohíbe que mediante los convenios colectivos se puedan fijar contribuciones obligatorias extra (aportes solidarios). Proponen una reducción de las multas por el trabajo en negro, con el objetivo de desalentar la litigiosidad. Si un trabajador no registrado con un salario de $500.000 cobraría con la legislación actual unos $5.500.000 de indemnización, mientras que con los cambios el despido le costaría al empleador alrededor de $1.500.000.

Otro punto es la reducción del costo fiscal que recae sobre las empresas al registrar un empleado. Constaría de actualizar la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil, y hasta 5 empleados.

Con respecto a las indemnizaciones, proponen establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.

El período de prueba, en tanto, se extiende de los tres meses actuales a seis, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar. El DNU presidencial lleva el período a ocho meses.

Con respecto ala educación, fue definida como “servicio estratégico esencial”. En los hechos, esto significa que a pesar de las huelgas, los establecimientos educativos deberán permanecer siempre abiertos y que también deberán garantizarse los servicios de alimentación escolar. Si el paro dura un día, se deberá asegurar la presencia del 30% de la nómina de trabajadores; si se extiende por 48 horas, deberá garantizarse el 50%; y a partir de los cinco días el nivel de presencialidad se eleva al 75%.

Otro aspecto del proyecto es que cuando exista un despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política, la indemnización podrá incrementarse hasta un 100%. Por último, se promueve un registro laboral electrónico y simplificado.