El avance legislativo generó un fuerte rechazo de parte de Unión por la Patria, la izquierda y organizaciones de derechos humanos, quienes consideran que la medida criminaliza a los jóvenes sin abordar las causas estructurales de la violencia, como la exclusión social, la pobreza y la falta de oportunidades.
La Cámara de Diputados de Argentina dio un paso clave al emitir un dictamen en comisión para modificar el Régimen Penal Juvenil, proponiendo reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional con apoyo de bloques como PRO, UCR, Coalición Cívica, Innovación Federal y sectores de Encuentro Federal, será debatido en el recinto en las próximas semanas. La propuesta establece que los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputables únicamente en casos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas.
El avance legislativo generó un fuerte rechazo de parte de Unión por la Patria, la izquierda y organizaciones de derechos humanos, quienes consideran que la medida criminaliza a los jóvenes sin abordar las causas estructurales de la violencia, como la exclusión social, la pobreza y la falta de oportunidades.
Antecedentes en Argentina:
La edad mínima de imputabilidad de 16 años está vigente desde 1980 mediante el Régimen Penal de la Minoridad (ley 22.278), implementado durante la última dictadura militar. A lo largo de los años se han presentado numerosos proyectos de reforma, pero ninguno logró consenso. El actual debate retoma una discusión histórica sobre cómo el Estado debe abordar los delitos cometidos por menores de edad.
Comparación internacional:
En América Latina, países como Chile, Colombia y Perú establecen la edad de imputabilidad penal en los 14 años, mientras que en Brasil es de 12 años, aunque con un sistema diferenciado de justicia juvenil. En Europa, varía entre 10 y 14 años según el país (por ejemplo, 10 en Reino Unido y 14 en Alemania y España). No obstante, muchas de estas naciones complementan el régimen penal juvenil con programas de reinserción, contención social y educación obligatoria.
El debate en Argentina sigue abierto y cargado de tensión, dividido entre quienes consideran necesaria la reforma para responder al aumento de delitos violentos cometidos por menores, y quienes advierten que el endurecimiento penal no resuelve las causas profundas del problema.
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