El proyecto aprobado establece la capacitación obligatoria en materia de Derechos Humanos para quienes se desempeñen en la función pública provincial en todos sus niveles y jerarquías, para los tres poderes del Estado.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la denominada “Ley Sonia Torres” que establece la capacitación obligatoria en materia de Derechos Humanos para quienes se desempeñen en la función pública provincial en todos sus niveles y jerarquías, para los tres poderes del Estado.
La ley es un homenaje y reconocimiento a una de las más importantes referentes en derechos humanos de la provincia e integrante de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba, fallecida el pasado 20 de octubre de 2023.
El legislador Matías Chamorro, quien promovió el proyecto, expresó a la prensa que “esta ley, en el contexto de los 40 años de democracia, busca asegurar que la dignidad humana siga siendo el pilar de nuestra sociedad y que los agentes del Estado estén debidamente preparados para proteger y respetar los derechos humanos fortaleciendo nuestra democracia. Córdoba ha construido una política robusta en la materia, y esta iniciativa pretende seguir fomentando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, brindando herramientas con un profundo sentido pedagógico, que redunden en un fortalecimiento democrático y sus instituciones”.
La ley fue aprobada en el actual contexto de negación y revisión por parte del Gobierno nacional de la política de derechos humanos, de la que existe un consenso mayoritario por parte de la sociedad.
La Ley Sonia Torres fue aprobada por 66 votos a favor, y establece en el ámbito de la provincia, la capacitación, sensibilización y concientización obligatoria en materia de Derechos Humanos para todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial en todos sus niveles y jerarquías –tanto del sector público centralizado como descentralizado– para los tres Poderes del Estado.
El Ministerio de Desarrollo Humano será el órgano de implementación de la capacitación. La Ley Sonia Torres prevé sanciones administrativas por incumplimiento sin justa causa, y da un plazo de un año desde su aprobación para su puesta en marcha.
Los legisladores que botaron en contra de la norma fueron Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal Córdoba) y Agustín Spacessi (La Libertad Avanza). Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica – ARI) se abstuvo.
El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario notificó la sanción disciplinaria a los agentes por su responsabilidad administrativa en los hechos de agosto de 2020. La medida se hizo efectiva a pesar de que los efectivos habían sido sobreseídos en la causa judicial.
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