En la noche del 1 de agosto de 2024, Fernando Albareda, exdirigente de derechos humanos e hijo de un policía desaparecido, asesinó a su madre, Susana Montoya, de 76 años. Lo hizo en un acto que él mismo definió como una “explosión de odio ancestral”.
Según declaró, el crimen se desencadenó tras una fuerte disputa económica y por viejas heridas familiares relacionadas con la desaparición de su padre durante la última dictadura militar argentina.
Desde el penal de Bouwer, Albareda admitió el homicidio y relató los motivos que, según él, lo llevaron a convertirse en el “victimario” de quien también considera su “victimaria”. “No sé si estoy arrepentido”, afirmó. El detonante fue una discusión en torno al cobro de una indemnización de 76 millones de pesos, correspondiente a la reparación del legajo policial de Ricardo Fermín Albareda, su padre.
Según el relato de Fernando, Susana había prometido parte del dinero a los hijos de él, pero pocos días antes del crimen cambió de opinión y decidió dárselo a Ricardo, el otro hijo. Tras una discusión, mientras su madre alimentaba a los perros en el patio, la atacó por la espalda: primero la ahorcó con una soga, luego la golpeó con una piedra y un ladrillo, la apuñaló con un cuchillo y trató de incinerar el cuerpo. En un intento por despistar a la policía, escribió una amenaza falsa en una pared:
“Los vamos a matar a todos. Ahora van tus hijos. HDP. #Policía”.

Más allá del dinero, Albareda señaló que el crimen está enraizado en un odio profundo y una historia familiar atravesada por la violencia y el abandono. Acusó a su madre de haber tenido responsabilidad en la desaparición de su padre en 1979, afirmando haber encontrado un documento policial firmado por ella, donde confirmaba su militancia en el PRT. También cuestionó que Susana recibiera beneficios policiales, como pensión y empleo, tras la “baja deshonrosa” de su padre.
Describió una infancia marcada por la ausencia paterna, maltratos por parte de su abuelo y madre, y una institucionalización en un hogar de menores, donde asegura haber sufrido abusos sexuales por parte de docentes. Denunció que su madre nunca lo visitó durante esa etapa y que incluso autorizó a uno de sus abusadores a llevárselo a su casa. Todo eso, dijo, lo convirtió en una “persona rota” y “destruida por la dictadura”.
Desde su celda, Fernando Albareda niega que el crimen haya sido premeditado. Aunque reconoció que intentó “hacer que pareciera otra cosa” para “no perjudicar a su familia”, actualmente busca que su versión sea escuchada. Admitió haber “fallado” a los organismos de derechos humanos que lo acompañaron a lo largo de su vida. Su postura actual es ambigua:
“No sé si hice bien, no sé”, reflexionó, y se preguntó si con este acto tal vez hizo “justicia”.
Por su parte, la fiscalía sostiene que el caso ya fue elevado a juicio y que el ataque fue claramente premeditado.
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