La oposición senatorial aprobó y giró a Diputados un proyecto que cambiaría la lógica abusiva de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y encorsetaría la posibilidad, de cualquier Ejecutivo, de emitir este tipo de normas para puentear al Congreso.
La oposición en el Senado dio este jueves un paso clave al aprobar un proyecto que busca restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta que en las últimas décadas fue utilizada de manera recurrente por distintos gobiernos. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en Diputados, obtuvo 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones de los misioneros renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
El texto establece que cada DNU deberá ser ratificado en un plazo máximo de 90 días corridos por ambas Cámaras del Congreso y con mayoría absoluta. Si una sola de ellas lo rechaza, el decreto quedará sin efecto, salvo los derechos adquiridos durante su aplicación. Actualmente, los DNU siguen vigentes mientras no sean rechazados por las dos Cámaras, sin límite de tiempo. Además, cada decreto deberá referirse a un área específica para evitar la inclusión de múltiples temas en un mismo texto.
La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo (peronismo disidente), defendió el proyecto al señalar que los DNU “son instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes” y que con esta reforma se busca “atenuar el presidencialismo” reforzado en los últimos años.
Desde la UCR, Pablo Blanco celebró que se ponga fin a “la pésima costumbre de gobernar mediante decretos”, mientras que la riojana Florencia López (peronismo) destacó que el Congreso debe “reivindicar sus facultades y asegurar el equilibrio de poderes”. En tanto, la neuquina Lucila Crexell (Provincias Unidas) criticó la ley 26.122, impulsada en 2006, que según dijo “facilitó la aprobación tácita de decretos que incluso modificaron leyes”.
La larretista Guadalupe Tagliaferri fue contundente: “No puede ser más fácil aprobar un DNU que una ley”.
En la vereda opuesta, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, rechazó la iniciativa al advertir que se busca quitarle al Presidente “una herramienta clave en un contexto de minoría parlamentaria”.
Si Diputados sanciona el proyecto, se pondrá fin al régimen vigente desde 2006. Sin embargo, se descuenta que el Ejecutivo avanzará con un veto en caso de que la norma llegue a convertirse en ley.
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