Los expertos laboralistas reconocen que es muy difícil acordar pautas de productividad en los convenios de actividad, ya que las situaciones no son homogéneas.
A pocos días de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional volvió a instalar en la agenda pública el tema de la reforma laboral, a través del Consejo de Mayo, el espacio tripartito donde participan representantes del empresariado, los sindicatos y el Ejecutivo.
Durante una exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, profundizó el concepto de “salarios dinámicos”, que ya había mencionado la semana pasada en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata.
Según explicó, se trata de un nuevo enfoque que busca vincular la remuneración de los trabajadores con la productividad, sin necesidad —al menos en una primera etapa— de modificar la Ley de Contrato de Trabajo.
“El objetivo es identificar elementos objetivos que permitan diferenciar la eficiencia y eficacia de cada trabajador, lo que se traduce en remuneraciones acordes a la productividad”, señaló Cordero.
La propuesta oficial apunta a descentralizar las negociaciones colectivas y avanzar hacia convenios laborales por empresa, en lugar de los acuerdos por rama de actividad.
Para ello, el Gobierno evalúa modificar el principio de prelación vigente en la ley laboral, que establece que siempre debe aplicarse la norma más favorable al trabajador.
Actualmente, un convenio por empresa no puede otorgar beneficios menores a los establecidos en el convenio de actividad. Empresarios y funcionarios buscan flexibilizar ese punto para poder aplicar criterios de productividad y salarios variables, algo que genera fuertes resistencias en el sindicalismo.
El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, salió al cruce de la iniciativa y publicó un duro comunicado en nombre de la CGT, en el que calificó la propuesta como una ratificación del Decreto 70/23, cuestionado por el sindicalismo y frenado en la Justicia.
“La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno no es más que la reedición del capítulo laboral del decreto. La CGT ya expresó un rechazo categórico en el Consejo de Mayo”, sostuvo Martínez.
Otro de los aspectos que el Ejecutivo busca modificar es la ultractividad, el principio que mantiene vigentes los convenios colectivos una vez vencidos hasta que se firmen nuevos.
El oficialismo plantea derogar esa figura para habilitar negociaciones “más dinámicas” y orientadas a la productividad.
Además, se impulsa que los aportes sindicales sean voluntarios y requieran la conformidad individual de cada trabajador, un punto que también había sido incluido en la reforma laboral anterior y que ahora el Gobierno pretende reinstalar.
Mientras empresarios y Gobierno coinciden en la necesidad de “modernizar” las relaciones laborales, los gremios ven en la propuesta un intento de retroceso en derechos adquiridos.
Con el telón de fondo de la campaña electoral y la próxima discusión del Presupuesto 2026, el debate por la reforma laboral promete ser uno de los temas más calientes en la agenda política y económica de las próximas semanas.
En cadena nacional, el Presidente presentó un conjunto de proyectos de ley que enviará al Congreso para prohibir el financiamiento monetario al Tesoro, sancionar el déficit fiscal con el cierre de actividades estatales no esenciales y desregular los mercados de capitales y seguros.
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