Tras verse obligada por la Justicia a pagarle más de 15,6 millones de pesos en bruto a partir de agosto, la ANSES quitará el plus por zona austral debido a su prisión domiciliaria en Buenos Aires y retendrá fondos para recuperar lo cobrado de forma "indebida".
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) notificó a la Justicia que, en cumplimiento de una medida cautelar, comenzará a pagarle de forma provisoria a la expresidenta Cristina Kirchner una pensión mensual en bruto de $15.683.154,06 a partir del beneficio de agosto. El cobro de estas asignaciones de privilegio contempladas en la Ley 24.018 había sido suspendido en noviembre de 2024, luego de que quedara firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
Pese a verse obligado a acatar el fallo judicial, el Gobierno nacional implementará dos recortes específicos que van más allá de los descuentos obligatorios por ley (obra social e impuesto a las ganancias). En primer lugar, se le quitará el adicional por "zona austral", argumentando que el Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso que la exmandataria cumpla su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su residencia del barrio porteño de Monserrat, y no en la Patagonia. En segundo lugar, se le retendrán mensualmente $3.136.630,81 con el objetivo de reintegrar al Estado un total de $660.052.338,87, cifra que el Ejecutivo afirma que percibió "de forma indebida" durante años.
Desde el Ministerio de Capital Humano y la ANSES aclararon que esta restitución no altera su postura de fondo. El Gobierno sostiene que este régimen previsional de excepción exige como condición el "honor, mérito y buen desempeño en el cargo", lo cual consideran incompatible con una condena por corrupción. Por tal motivo, la Casa Rosada mantiene un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la cautelar y dejar sin efecto el beneficio de manera definitiva.
El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario notificó la sanción disciplinaria a los agentes por su responsabilidad administrativa en los hechos de agosto de 2020. La medida se hizo efectiva a pesar de que los efectivos habían sido sobreseídos en la causa judicial.
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