La Provincia oficializó un protocolo que obliga a los responsables de falsas amenazas o hechos de riesgo a pagar los costos de los despliegues policiales y de emergencia.
El Gobierno de Córdoba formalizó, mediante su publicación en el Boletín Oficial, un protocolo que permite recuperar los gastos generados por operativos ante amenazas, hechos de violencia o situaciones de riesgo en escuelas. La medida, impulsada por el ministro Juan Pablo Quinteros, ya entró en vigencia.
El procedimiento se activa con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que identifica a los responsables. Luego se calculan los costos del operativo, se arma un expediente y se intima al pago en un plazo de cinco días. Si no hay cumplimiento, interviene Fiscalía de Estado para iniciar acciones judiciales.
El recupero incluye todos los recursos utilizados, como personal policial, servicios de emergencia y logística. La iniciativa busca desalentar falsas amenazas y promover un uso responsable de los recursos públicos.
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