La querella sostuvo que la ex Presidenta recibió 175 pagos ilegales entre 2008 y 2010 en el marco de un esquema de cartelización de la obra pública.
El juicio por la causa de los cuadernos de la corrupción sumó este jueves un nuevo capítulo clave. Durante la audiencia, la Unidad de Información Financiera (UIF), en su rol de querellante, presentó nuevas acusaciones vinculadas al tramo de la investigación que analiza la cartelización de la obra pública.
Según la UIF, Cristina Fernández de Kirchner habría recibido 175 pagos ilegales entre 2008 y 2010, por un monto superior a los 171 millones de pesos y más de 600 mil dólares. De acuerdo con la acusación, los fondos provinieron de empresas contratistas del Estado que abonaban coimas a cambio de obtener y mantener contratos de obra pública.
La querella sostuvo que existió un acuerdo sistemático entre funcionarios y empresarios, mediante el cual los primeros utilizaban su poder para extorsionar a las empresas, mientras que los privados pagaban sobornos para acceder a adjudicaciones. El esquema habría sido facilitado por resoluciones firmadas por el entonces titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, que incluían pagos anticipados de entre el 10% y el 20% del valor de las obras o compensaciones a través de certificados.
En la acusación, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue señalado como uno de los principales articuladores del sistema, con la colaboración de José López y Carlos Wagener. También se mencionó al financista Ernesto Clarens como una figura central en la recaudación y distribución de los pagos ilegales.
La UIF remarcó que las coimas no solo beneficiaban a la ex Presidenta, sino también a su entorno más cercano. En ese sentido, indicó que los pagos eran canalizados a través de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, lo que evidenciaría la participación directa de la familia Kirchner en el entramado.
Entre las empresas involucradas, JCR S.A. aparece como uno de los principales pagadores, con 40 sobornos que superaron los 85 millones de pesos. A cambio, la firma obtuvo 44 contratos de obra pública y mantuvo vínculos comerciales con los Kirchner mediante el alquiler del complejo hotelero Los Sauces.
También quedó bajo la lupa la empresa CPC S.A., del Grupo Indalo de Cristóbal López, que habría realizado cinco pagos ilegales por 14 millones de pesos entre 2011 y 2012. En paralelo, el grupo generaba ingresos para la ex Presidenta a través del alquiler de propiedades.
Con estas nuevas acusaciones, el juicio continúa revelando la magnitud de un sistema de corrupción estructural en la obra pública. La investigación avanza audiencia tras audiencia, mientras la UIF sostiene que las pruebas presentadas permitirán establecer responsabilidades penales en uno de los casos más emblemáticos de la política argentina.
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