Una investigación del fiscal Gerardo Pollicita reveló que el grupo familiar del ex jefe de Gabinete pasó de desembolsar $ 1,8 millones a más de $ 113 millones en un solo año, además de manejar abultadas sumas de dólares en efectivo sin justificación clara.
Una reconstrucción patrimonial efectuada por el fiscal federal Gerardo Pollicita determinó la existencia de importantes inconsistencias entre los ingresos lícitos, el estilo de vida y las declaraciones juradas del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti. La fiscalía analizó las finanzas del grupo familiar como una unidad económica integrada y concluyó que, en el primer año de gestión pública del exfuncionario, sus erogaciones anuales sufrieron un incremento de escala al pasar de $ 1,8 millones a finales de 2023 a más de $ 113 millones al cierre de 2024.
El dictamen judicial señala que el nivel de gastos acumulado durante el período investigado no concuerda con las remuneraciones registradas por el matrimonio. Entre las erogaciones de mayor volumen destacan la adquisición y refacción integral de una propiedad en un club de campo por cientos de miles de dólares, la compra de vehículos de alta gama, viajes al exterior y gastos corrientes elevados. Un aspecto central bajo la lupa de la Justicia es el uso intensivo de dinero en efectivo para concretar dichas operaciones, alcanzando un consumo de USD 374.081,66 pagados en billetes físicos sin un origen bancario o lícito debidamente acreditado.
A estas discrepancias se suman severas irregularidades detectadas en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, donde se rectificaron e incrementaron los montos de dólares en efectivo declarados únicamente después de iniciadas las actuaciones judiciales. Ante el cuadro de desproporción patrimonial presentado por el Ministerio Público Fiscal, el juez Ariel Lijo notificó a Adorni, quien dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para presentar la documentación que permita justificar la procedencia de los fondos y el origen de las divisas empleadas durante su paso por la función pública.
El oficialismo obtuvo 44 firmas en comisiones con el respaldo de bloques aliados y el proyecto llegará al recinto el 26 de agosto. Para destrabar el acuerdo, se prohibió que altos cargos públicos accedan a los beneficios e inmunidades tributarias.
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