En medio del escándalo por la denuncia de violencia de género, Alberto Fernández enfrentó una nueva acusación en su contra. Este pasado miércoles, el fiscal Carlos Stornelli imputó al expresidente por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en la gestión de la extensa cuarentena decretada durante la pandemia de Covid entre 2020 y 2021.
La decisión se tomó tras la denuncia del legislador porteño Yamil Santoro, basada en las recientes declaraciones del exministro de Economía Martín Guzmán. Durante una entrevista en el canal de streaming Cenital, el exfuncionario afirmó que el periodo de aislamiento se prolongó con fines políticos.
“Se investigarán las posibles conductas delictivas de Fernández, quien está acusado de extender por razones indebidas las restricciones, con fuertes consecuencias tanto a nivel social como económico”, planteó Stornelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 en su requerimiento de instrucción a la jueza federal María Servini.
Y agregó: “En este sentido, conforme surge de los escritos de denuncia incorporados, quien fuera ministro de Economía de aquella gestión de gobierno nacional, Martín Guzmán, habría señalado en el marco de una entrevista periodística que (…) dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido y que ello obedeció a motivos de conveniencia política, o una suerte de bandera más política, ya que le estaba yendo bien con la sociedad y que la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno. El nombrado incluso habría referido: "Entonces, por mucho tiempo era no, no, no se puede (relajar la cuarentena)”".
Además, el fiscal Stornelli ordenó la recopilación de todas las normas emitidas por el Ejecutivo para imponer limitaciones durante la cuarentena. También solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) estadísticas sobre las medidas sanitarias adoptadas por otros países frente a la pandemia.
Asimismo, pidió al gobierno de Javier Milei documentación sobre posibles encuestas de opinión que la gestión anterior hubiera realizado en relación a la cuarentena. Finalmente, el fiscal citó a economistas y representantes de cámaras empresariales para evaluar el impacto económico de las medidas restrictivas.
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